Lindon Sanmartín Rodríguez
Desde este 2 de abril de 2022, el Consejo de la Judicatura hizo el llamado al concurso de méritos y oposición, solo para profesionales del derecho con título de cuarto nivel, para integrar las 14 unidades especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado.
A más de los requisitos, los postulantes, debería dar el mejor ejemplo antes de ingresar su documentación para el concurso. Demostrando su probidad e idoneidad, presentando su historial de patrimonio de hace 50 años, esto es hacer conocer la estructura económica de su entorno familiar de abuelitos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos, incluso de las mascotas por no decirlo de otra forma. Este sería el mejor acto de decencia moral ante la sociedad ecuatoriana y del mundo. (Para evitar más tarde las “herencias y legados” de los antepasados).
Con esta iniciativa podemos decir que iniciamos con buen paso para combatir la corrupción, que es una enfermedad que limita los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, religiosos, deportivos y toda una estructura social, que terminan con las democracias de un Estado, a esto se une el crimen organizado que es el mejor aliado para cumplir con su objetivo de destruir la moral de la humanidad.
Otro de los retos que tendrían los jueces, es como desterrar la corrupción en el poder judicial, ¿claro han de decir cuál?, la administrativa y de talento humano. La primera es auditar la actuación de los jueces en administrar justicia, porque algunos fallos no están amparados conforme a derecho y más bien dejan mucho que decir; en Loja hay varios casos ejemplo: el juicio a un destacado profesional de la medicina y otro el juzgamiento a una concejal, por poner dos ejemplos de los muchos que debe haber en todo el país.
También la auditoria a los concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes en diferentes cargos de la función judicial. Loja sigue siendo un ejemplo de cómo se extendió los nombramientos a ciertos ciudadanos, algunos amigos o familiares de integrantes de la Corte Nacional y de otras instituciones del Estado.
La auditoría a las construcciones de los complejos judiciales en el país. Loja nuevamente en el ojo del huracán, aquí se invirtió más de 9 millones de dólares en refaccionar un edificio recién construido, para seguir arrendado tres edificios más, ¿No será necesario observar las recomendaciones a los informes de Contraloría?.
El ejemplo debe empezar por casa y no dejar que otros hagan el trabajo como lo está haciendo EE.UU., en el caso Carlos Polit.