Thalía Mieles Sarmiento
Bombas de tiempo que apagan vidas es el ambiente día a día dentro de los llamados “centros de rehabilitación social” en Ecuador. La pregunta que nos hacemos muchos de los ciudadanos es: ¿puede un Estado fallido, ser responsable del control carcelario y la rehabilitación social de un individuo?
Nelson Mandela solía decir que: “nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.
No solo es gobernar mediante tarima política y figuretismo, se necesita de un gobierno que brinde oportunidades de transformación personal y garantice la reinserción social de un ser humano cautivo, además de su protección integral. El pagar una sentencia te limita al ejercicio de derechos políticos, mas no al derecho a la vida; entonces: ¿dónde queda el Estado soberano de derechos y justicia?, ¿el derecho a la inviolabilidad de la vida?, ¿la prohibición de la tortura, los tratos y penas crueles e inhumanos?.
Es necesario dar un giro copernicano a nuestras mentes, donde el foco del garantismo penal sea fortalecer uno de los principios fundamentales de las PPL como es la dignidad humana. Crear una cultura de paz mediante la justicia restaurativa cambiaría la visión con la que se percibe a la justicia penal, disminuyendo los vínculos de crimen, violencia y conflictividad, donde el ser imperfecto que cumple una pena por el cometimiento de un delito o simplemente un ser inocente que paga su condena por destino de su suerte, pueda tener una vida humana, íntegra y de transformación personal mientras cumple con su sentencia.