Últimamente se ha comenzado a utilizar la “línea roja” como aquella que marca un terreno prohibido. Trasponerla, significa superar el límite de lo permisible en cualquiera de los ámbitos de la actividad humana. En política existen también líneas rojas que no pueden ser superadas.
A propósito de los acuerdos legislativos para estructurar la directiva de la Asamblea Nacional, parecería conveniente no solamente que tales acuerdos sean claros y transparentes para que el Ecuador conozca su alcance, sino que además, deben observar celosamente las líneas rojas que señalan los límites de lo que podría ser aceptable para la ciudadanía que, ha sido en última y definitiva instancia, la que decidió la conformación del máximo cuerpo legislativo nacional.
Me atrevo a señalar como líneas rojas que no pueden ser desestimadas y serían inaceptables, aquellas que impliquen acuerdos que entrañen permitir la injerencia de una de las funciones del Estado en otra, particularmente en la función judicial; acuerdos tendientes a lograr la impunidad para aquellos que han sido juzgados y sancionados por su conducta delictuosa; acuerdos que a cuenta del carácter plurinacional del Estado ecuatoriano lo desarticulen, permitiendo islas en las que se pretende el ejercicio de una artificiosa soberanía; acuerdos que se orienten al debilitamiento de la responsabilidad del estado particularmente en materia de seguridad social, educación y salud, dejando en riesgo de desprotección a amplios sectores de la población que se encuentran en la más precaria situación económica y social; acuerdos que desnaturalicen las normales relaciones sociales a cuenta de procurar la igualdad de género y el derecho de ciertos sectores que pretenden desconocer el derecho a la vida de seres indefensos.
Los acuerdos deben orientarse fundamentalmente a garantizar al nuevo gobierno un razonable margen de maniobra para superar las gravísimas dificultades que enfrenta el país, pero para ello, no pueden trasponer las líneas rojas…