Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; las mismas que garantizarán su cumplimiento. El Derecho se fundamenta en los postulados de la justicia, constituyendo el ordenamiento normativo que se orienta a regular la conducta humana entre los particulares, los mismos que cuando crean tener un derecho que debe ser asistido por el juzgador, tienen que concurrir ante aquél para que imparta justicia. Son los jueces los encargados por el poder estatal para administrar justicia y dar la razón al que la tenga.
Hemos de convenir que las normas legales y constitucionales deben ser claras, para no dar lugar a confusión; de igual manera la jurisprudencia tiene que ser lo más clara posible y debe estar bien redactada para la correcta aplicación en las resoluciones que dictará el juzgador. Por supuesto que la justicia impartida por el juez no está bajo su discrecionalidad, sino que nace precisamente del derecho, esto es, de las leyes diáfanas.
Leyes bien aplicadas en un proceso, conducirán por el camino de la razón, para darla a quien la merece, y entonces, la justicia se hará presente, siempre y cuando el juzgador sea justo, probo, honrado y estudioso; ahora bien, no sólo el juez es responsable de una resolución, sino también el abogado, que tiene la obligación de darle los instrumentos legales a quien administra justicia, dado que el juez no siempre conocerá todo. Se entenderá que los abogados debemos ilustrar al juzgador y además, con buena fe y lealtad procesal darle las pruebas que garanticen la verdad histórica. Con leyes claras y pruebas contundentes, el juzgador motivará la sentencia bajo los principios de la razonabilidad, comprensibilidad y lógica, capaz de que las partes procesales con claridad puedan entender dónde estuvieron sus aciertos y sus errores, a efecto de evitar tantas apelaciones y recursos que no podrán cambiar la decisión del juez. Un viejo aforismo dice: “dame los hechos, yo te daré el derecho”.