En teoría, cuando se habla de legitimidad se ha de establecer una diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, lo que resulta siempre importante cuanto más al inicio de un nuevo período presidencial. Nadie puede poner en tela de duda la legitimidad de la elección del señor Lasso como Presidente y sus primeras decisiones y declaraciones corresponden a su convicción de que es necesario hacer bien las cosas para que las medidas que llegare a adoptar en el ejercicio de sus funciones gocen también de legitimidad, lo que es de esperar ocurra hasta el último día de su mandato, anhelo que debe corresponder a todos los funcionarios y entidades públicas y, si se llegare a determinar la necesidad de cambios radicales en alguna de ellas, hay que abordarlos de raíz y sin dilación.
La situación por la atraviesa la más importante entidad de control del Estado resulta preocupante; quien la dirigía como titular es ahora prófugo de la justicia y su subrogante está detenido bajo graves presunciones, por lo que se puede pensar que la eventual inconducta de sus máximos personeros no obedece exclusivamente a sus propias decisiones, sino a que el sistema acusa graves problemas. Se expiden resoluciones inmotivadas o fuera de los términos que las normas establecen; funcionarios honestos, por la simple inobservancia de alguna norma secundaria que no implica perjuicio al interés público, hallándose en la situación de perder su trabajo, su patrimonio y sus derechos fundamentales, deben pasar por el trance de tratar de explicar sus actuaciones y solamente encuentran una inflexible respuesta que desconoce sus argumentos, lo que origina que el organismo pierda legitimidad, e inducen al convencimiento de que es necesaria una profunda transformación convirtiéndolo en un tribunal de cuentas en el que primen los criterios jurídicos antes que las apreciaciones subjetivas.
He ahí un reto importante y urgente.