Lealtad

En Derecho Civil, para la validez de los contratos se necesita, entre otros requisitos, que haya objeto lícito (que la materia sobre la que versa el contrato no esté prohibida por la ley) y causa lícita (un interés jurídico legítimo, que induce a las partes a celebrar un contrato). Haciendo una analogía, y aclarando que los ámbitos son muy diferentes, en los acuerdos políticos también deberían estar presentes estos dos elementos: que lo acordado no esté prohibido por la ley, y que las motivaciones para los pactos no tengan ningún viso de ilicitud. ¿En el acuerdo que se estuvo cocinando la semana pasada entre CREO, PSC y UNES (correísmo) estuvieron presentes estos dos elementos? ¿La materia de los acuerdos no contravenía ninguna norma, y el interés político de las partes estaba revestido de legalidad? Hago estas reflexiones a propósito de la rasgada de vestiduras de los más altos dirigentes de dos de las agrupaciones políticas participantes en el abortado acuerdo, me refiero a los señores Nebot y Correa, quienes acusaron a Lasso de deslealtad, de no honrar su palabra, de falta de seriedad y otras lindezas. ¿A quién le debe lealtad un Presidente: al pueblo, o a las cúpulas partidistas que lo apoyaron, o que no lo apoyaron y hoy le ofrecen algo por su respaldo? Los dirigentes del correísmo han reconocido que en las conversaciones estuvo la creación de una “comisión de la verdad”, para revisar los juicios por corrupción que ya tienen sentencia ejecutoriada en contra de los más altos dirigentes de la revolución ciudadana, aspiración que tenía una motivación absolutamente inmoral e impresentable, e implicaba una grosera intromisión en la administración de justicia. Lasso, quien según parece inicialmente estuvo convencido de las bondades de ese pacto en aras de la “gobernabilidad”, rectificó a tiempo, gracias a la presión de la sociedad civil, y buscó otras alianzas para elegir a las dignidades de la Asamblea. El Presidente del Ecuador les debe lealtad a los ciudadanos (incluidos aquellos que no votaron por él), a la Constitución y a la ley, y la gobernabilidad se alcanza en base a propuestas y acuerdos éticamente irreprochables.