Por: Jorge E. Madera Castillo
Es tiempo de construir para Ibarra y la región un concepto diferente de lo que debe ser un archivo histórico, técnicamente llamado “repositorio de la memoria social”. La Fundación Pedro Moncayo y la Junta de Rescate Patrimonial de Ibarra mantienen una propuesta al respecto, cuya implementación no debe esperar hasta que contemos con una edificación para empezar a ejecutar, esto es en el Torreón y ex Colegio Teodoro Gómez restaurados, pues nadie nos garantiza la disponibilidad de fondos a futuro (ojalá que sí) para dicha obra física. Ibarra cuenta con edificaciones que en calidad temporal, pueden servir perfectamente para el efecto.
Lo que ha sucedido durante varias décadas es inaceptable y la Municipalidad debe decidir un cambio trascendental. Tenemos un archivo histórico que se encuentra físicamente relegado a un rincón de poca o ninguna importancia dentro del edificio de la administración municipal. Una buena parte de documentos históricos municipales se encuentran en la edificación del Ministerio de Cultura, bajo su custodia a la luz de un convenio. Lo que hoy se encuentra en el rincón municipal es una mezcla de archivos institucionales de la municipalidad, y documentos históricos a todas luces incompletos. Ex funcionarios afirman que se han perdido documentos a lo largo de los años; gente inescrupulosa que los ha pedido en préstamo y no los han devuelto; otros han cercenado documentos. Lo más grave es que la propia institución nunca se preocupó de poner a buen recaudo lo que existe, jamás se preocupó de implementar un programa sólido de recuperación de documentos, poco o nada ha hecho para su total digitalización y para un manejo técnico especializado. Los funcionarios a cargo han hecho lo mejor que han podido, con lo poco que le han asignado. La histórica Ibarra, merece esto?
Las instituciones mencionadas proponen la implementación inmediata de un programa permanente que conste al menos de los siguientes componentes: 1) recuperación de documentos que se encuentran en manos de otras instituciones y en archivos privados de familias y personas que permitan digitalizarlos, a la luz de convenios serios; 2) clasificación y codificación; 3) digitalización total y “subir a la nube”; 4) almacenamiento físico de los documentos en las mejores condiciones de conservación; 5) reubicación temporal inmediata y luego la reubicación en el Teodoro Gómez; 6) convenios para interconexión con otros archivos nacionales e internacionales. Todo esto regulado por una ordenanza específica y la asignación de un presupuesto. La visión futura es que, cualquier ciudadano pueda acceder a los documentos a través de su pantalla, desde donde se encuentre. Una minga con la Academia, otras instituciones del Estado y nuestras instituciones de la sociedad civil, es necesaria.