Los presupuestos de los gobiernos municipales se financian conforme a su ley especial, el Cootad, mediante ingresos propios provenientes principalmente de tributos locales, transferencias del presupuesto general del Estado, financiamiento y otras transferencias, como legados y donaciones. Es esencial distinguir entre el monto global de un presupuesto y su porcentaje de ejecución. Este último es de particular interés para la ciudadanía, ya que refleja la eficiencia en el uso de los tributos a través de los egresos, que se clasifican principalmente en corrientes—destinados, por ejemplo, al pago de personal y servicios—y en capital, que se asignan a inversiones, como obras y adquisición de bienes.
Recientemente, un edil de la ciudad de Ambato alertó que la ejecución presupuestaria del Gadma apenas alcanzaría el 17%, considerando que restan pocos meses para finalizar el año. Suponemos que este porcentaje se refiere a la ejecución del plan de obras de la ciudad, lo cual debería preocuparnos como ciudadanos y llevarnos a cuestionar: ¿qué ha ocurrido con la obligación de la municipalidad de administrar eficientemente nuestros recursos? Esto no implica únicamente ‘gastar’ el dinero dentro del año fiscal, sino también evaluar la calidad del gasto y las prioridades de la ciudad. En el portal de compras públicas del Gadma para el año 2024, no se registran procesos de licitación para adquisiciones superiores a 500 mil USD ni para obras superiores a un millón USD. En otras palabras, proyectos de gran magnitud que la ciudad necesita con urgencia difícilmente se realizarán este año, lo que también ralentiza la dinámica económica local al no inyectar esos recursos.
Esta columna hace un llamado a la reflexión de las autoridades: hay miles de ciudadanos que ni siquiera tienen acceso a servicios públicos básicos, por lo que se debe priorizar el gasto, ejecutarlo eficientemente y evaluar sus impactos. No podemos seguir pensando que la prioridad es cambiar adoquines (aun útiles) en vías secundarias o, como ocurre en Quito, destinar casi 600 mil USD en la compra de vehículos para concejales y alcalde.