Parte del quehacer politiquero consiste en endilgar a nuestros adversarios cualquier infundio que es recibido por la población sin el debido conocimiento de su alcance.
En estos días, desde una orilla se lanzan acusaciones con ánimo de descalificar a algunas personas de haber sido glosadas por la Contraloría, y la gente considera que ello es sinónimo de perjuicio al fisco y por ende de malos manejos; de allí que el glosado resulta poco menos que un ladrón, cuando en realidad una glosa no es más que una presunción de responsabilidad civil, en muchos casos inmotivada o proveniente de la inobservancia de alguna norma secundaria; más allá de que, establecida una glosa, existen recursos legales que permiten desvanecerla, no necesariamente implica que el glosado sea alguien que ha perjudicado a nadie.
Desde otro lado, se acusa al Presidente de la República inculpándole de tener parte de su fortuna en paraísos fiscales, cual si aquello fuese algo menos que una traición a la patria; los paraísos fiscales no son otra cosa que territorios en los que sus gobiernos han decidido atraer inversiones a través de exoneraciones o rebajas sustanciales de impuestos; en algunos casos ofrecen también la garantía de reserva sobre los depósitos, por lo que ciertamente, ha sido el lugar preferido para depositar allí sus fortunas mal habidas por ciertos delincuentes que han obtenido sus dineros en forma dolosa.
No podemos entender entonces que necesariamente se ha actuado mal en ambos casos. Es muy distinto que una glosa tenga origen en un mal manejo de recursos públicos y que un paraíso fiscal sea utilizado para esconder el producto de los atracos a los fondos públicos, por lo que los acusadores deben procurar más bien mostrar pruebas fehacientes de los ilícitos que se encuentran detrás de sus acusaciones; no hacerlo, es propiciar simplemente el escándalo y la corrupción. Actuemos con seriedad.