Una de las cualidades más valoradas en la gestión pública es la transparencia, entendida esta como la posibilidad para que los ciudadanos conozcamos la forma en que se administran los recursos públicos.
Obviamente existirán excepciones, relacionadas por ejemplo con la seguridad nacional o con la información que atañe a la intimidad de las personas, pero en los demás casos, es un derecho de los ecuatorianos, y una obligación de las autoridades públicas, informar sobre el manejo del dinero que les ha sido confiado.
La pandemia que nos agobia desde hace un año, y que tanto dolor y angustia nos ha causado, no ha sido manejada con la prolijidad que merecía un acontecimiento tan grave; los errores han sido muy superiores a los aciertos, y a ellos se suman los escándalos de corrupción en la compra de insumos y medicinas, que nos llenaron de ira e impotencia ante tanta deshumanización.
Cuando el Gobierno empieza a comprar las vacunas, estas llegan en cantidades irrisorias, y luego nos enteramos que el Ministro de Salud había privilegiado vacunar a algún familiar cercano y a unos ciudadanos que, más allá de su avanzada edad y algún mérito personal o compadrazgo, no se encontraban precisamente dentro del grupo que requería la vacuna en forma prioritaria.
Digna fue la respuesta de los rectores de las universidades, que no aceptaron la invitación realizada por el Ministro para vacunarse, argumentando que hay personas que tienen que hacerlo con mayor urgencia. En medio de este escándalo, el Ministro de Salud renuncia y sale del país.
Ante un pedido realizado por un colectivo social, una jueza ordena al Ministerio que proporcione la lista de personas vacunadas, aunque hay quienes argumentan que con esta medida se estaría violando la intimidad.
Considero que la jueza acertó: difundir la lista de personas vacunadas no lesiona en nada la intimidad de los beneficiados, y más bien ayuda a que se conozcan las razones por las cuáles recibieron esas vacunas, muchos con todo derecho, por cierto.
Si es que ha existido de por medio alguna actuación irregular, les corresponderá a las autoridades competentes imponer las sanciones que determine la ley.