La Asamblea en su ímpetu por destacar, lavarse la cara y responder a los ataques del ejecutivo, va a cometer una de las embarradas más grandes desde su posesión. La Asamblea no tenía vela en el entierro de la investigación de los ‘Pandora Papers’ y su vinculación con el Presidente Lasso, debía ser la UAFE, la Contraloría y el SRI, los entes llamados a investigar, si Lasso mantiene fondos en paraísos fiscales pero, lamentablemente en su ánimo de buscar destacar y ser iluminados por los flashes de las cámaras de los medios, decidieron remitir a una Comisión x, sin mayor relación con el asunto el análisis de este proceso. Desde el día uno, sabíamos que la Asamblea no tiene las capacidades para recolectar esta información, que se encripta a través de complicadas relaciones societarias y estructuras ficticias de empresas fantasmas para ocultar dinero, por lo que acceder a esa información toma tiempo y, es imposible que se dé en los 30 días que la Comisión se fijó.
Como no han encontrado nada nuevo, el informe se basa en recortes de periódicos internacionales que cubren lo evidente y es que, Lasso tenía recursos en paraísos fiscales hasta 2017, eso ya lo sabíamos, siempre lo supimos, lo que necesitamos saber es si sigue manteniéndolos, que Lasso niega y que la investigación del ICIJ no devela.
Como la Comisión nació muerta, sus recomendaciones no pueden hacer más que apuntar a lo mismo, la muerte, bien cruzada para la destitución del Presidente o bien de la poca reputación que le queda al legislativo.
Las causales de destitución o enjuiciamiento político del Presidente están bien definidas en la Constitución y tener recursos en paraísos fiscales no lo es. Por lo que es re buscadísimo que la Comisión a su juicio discrecional crea que existe una grave conmoción interna por este motivo, cuando la gente está más preocupada por la inseguridad y el desempleo. La Asamblea a lo mucho, de tener pruebas fehacientes de que el Presidente mantiene esos recursos ocultos, tiene que remitirlas a la Corte Constitucional para que la misma, recomiende a la Asamblea como actuar, así lo dicta la ley de aplicación de la consulta de 2017 sobre los paraísos fiscales.