El más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos constitucionales. Este es el axioma medular sobre cuya base se desarrolló la Constitución de Montecristi que definió a nuestro país como como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
Pero, al parecer, este concepto es desconocido o peor aún, es omitido conscientemente por el gobierno. En efecto, ya resulta desgastante ver diariamente en los medios de comunicación la falta de atención a los derechos: hospitales sin medicación y personal médico maltratado por el Estado; femicidios de mano de particulares y servidores públicos, que por lo general son impunes; extorciones, delitos contra la propiedad y contra la vida que generan un estado de terror; cárceles gobernadas por grupos criminales que más allá de ser centros de rehabilitación social, son campos de exterminio de la poca humanidad que queda en las personas privadas de libertad; y un largo etcétera inagotable.
El cuestionamiento es: ¿el gobierno tiene clara la situación del país?, ¿los asesores del Presidente palpan que hay un país con una crisis de derechos humanos generalizada?, después de más de un año de gobierno, con un precio generoso del barril de petróleo, ¿se puede seguir utilizando la muletilla de “la culpa es de Correa” para justificar su inoperancia?. Este se ha constituido el gobierno de las incertidumbres y desencuentros.
Es hora de actuar, señor Presidente. No es noticia alentadora que su Ministro de Finanzas afirme que “por primera vez el Ecuador cumple con los compromisos del FMI”, mientras el país se desmorona todos los días. ¿Para qué necesita más presupuesto inyectado por este organismo si las dependencias del ejecutivo tienen una pésima ejecución? Sí, plata hay, lo que no existe es eficacia en la ejecución. Es hora de recordar que el más alto deber suyo y de sus colaboradores es respetar y hacer respetar los derechos constitucionales. Ese fue su juramento al asumir la Presidencia, cúmplalo. Quiero un país distinto para mi hija, no el que usted está dejando.