Desaparezcan a la Judicatura

Giuseppe Cabrera

Los consejeros del Consejo de la Judicatura se salvaron del juicio político por incumplimiento de funciones, pero los excesos que justificaban su censura y destitución podrían enlistarse largamente.

Para algunos desubicados paranoicos, su destitución significaba la toma de la justicia por parte de la nueva mayoría del PSC y el correísmo, para los menos ingenuos no era más que una rebuscada teoría de la conspiración, para salvarlos, olvidando que en caso de destitución los consejeros habrían sido sustituidos por sus alternos, designados por el mismo Cpccs-T presidido por Julio César Trujillo, que designó a los consejeros actuales, pero más importante ¿por qué sería una cuestión de temor que un consejero tenga preferencias por uno u otro partido?, esa prohibición de ser miembro de un partido político debería terminar ya, porque entonces no tiene sentido la prohibición de discriminación por razones de ideología descrita en la Constitución.

Ahora, la cuestión principal que debió considerarse es si eran o susceptibles de censura y destitución y, la respuesta parece evidente, con las filtraciones de audios y llamadas telefónicas en las que varios consejeros hablaron con jueces para tramitar causas a favor de Llori o del Gobierno, metiéndole la mano a la justicia, así incluso hay que recordar que se fueron en contra de un fallo de la Corte Constitucional y, decidieron evaluar discrecionalmente, sin que los lapsos se lo permitieran, alterando la carrera judicial y cambiando unas fichas por otras.

Hay algo en lo que Murillo, Maldonado y Jalk se parecen y es, en la intromisión directa que tuvieron en la justicia, con sus evaluaciones a jueces y destitución por error inexcusable y esto, significa que es un patrón repetido, que no solo responde a quienes presiden el órgano, sino que tiene mucho que ver, con la misma idea de que un órgano administrativo que regula a la función judicial, alentando la intromisión del ejecutivo en el poder judicial, violando garantías mínimas de la división de poderes.

La Judicatura tiene que ser reformada y convertirse en una oficina de administración y talento humano, que autorice vacaciones y compre papel, si en verdad queremos empezar a ver jueces imparciales e independientes.