Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, ha sido una mujer afroecuatoriana valiente que ha logrado darle un valor, que antes era inexistente, al cargo que desempeña, aunque la Institución que preside, adolezca de muchos males, ella ha trascendido de aquellos que le precedieron en su función.
No tengo el gusto de conocerle en persona, pero creo que para ser Fiscal General de la Nación, es indispensable despojarse de muchos miedos y temores, más cuando el país se encuentra enfrentando una grave conmoción política, social y económica.
Creo que de todas aquellas personas que presiden una institución ligada a la Justicia, ella ha logrado hacer, aunque sea en poco, que confiemos nuevamente en la justicia, especialmente por todos los procesos que ha iniciado en contra de políticos corruptos y mafias que han lacerado nuestras instituciones públicas.
Pero ahora, sin motivo alguno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por denuncias realizadas, por las personas que fueron investigadas por está funcionaria, intentan cesarla en su cargo, en un acto por más carente de legalidad en todo sentido, señalando la Dra. Salazar, que está es una acción como represalia a qué no se ha dejado manipular por los intereses de ciertos grupos de poder.
Personalmente creo que no es factible que el poder del Estado que representa a la ciudadanía, se preste para este tipo de acciones, me refiero al CPCCS, pero sobre todo, que las instituciones claves como la Fiscalía, que garantizan los derechos de los ciudadanos, sean botines políticos al mejor postor.
Debemos apoyar a aquellos funcionarios que están realizando un trabajo destacado en beneficio de la población y reprochar las acciones politiqueras de aquellos que aún piensan que pueden hacer con el país lo que les da la gana, valiéndose de argucias dónde se evidencia la persecución infundada, que no hace más que esclarecer las malas intenciones y las ansias de poder que tienen.