La masificación del Internet y lo digital abrió una puerta enorme para la democratización al acceso y propiedad de los medios de comunicación informativos. Hace un par de décadas parecía impensable que cualquier ciudadano pueda tener su propio canal de video, su propia radio digital o su propio medio escrito.
Los avances tecnológicos en telecomunicaciones, el desarrollo del software y la miniaturización de los dispositivos electrónicos lograron poner, literalmente, “en la palma de la mano” de toda la humanidad teléfonos inteligentes capaces de hacer hasta transmisiones en vivo y en directo. Algo inimaginable hace pocos años y para lo cual se requería de costosa infraestructura técnica satelital.
Ese acceso a la globalidad informativa, sumado a la disponibilidad tecnológica y a barreras de entrada prácticamente nulas, han permitido que alrededor del mundo se produzca una verdadera explosión de medios informativos digitales. Desde grandes cadenas internacionales de noticias hasta medios hiperlocales, todos quienes deciden comunicar de forma masiva a través de Internet no tienen límites. Poner “al aire” un medio digital depende básicamente de la voluntad de querer hacerlo.
Esto ha permitido que miles de voces que antes no tenían acceso a los medios de comunicación tradicionales puedan hacer visibles sus causas e incidir directamente en la opinión pública. En este contexto, la masificación del Internet y lo digital han generado una verdadera revolución de acceso a la información y de difusión periodística.
Sin embargo, esta laxitud tecnológica y normativa también ha dado espacio a formas antiéticas de difusión, usando una herramienta de democratización para emitir calumnias, agresiones, ofensas, difamación y afectación del buen nombre de personas e instituciones. De la libertad al libertinaje, lo que pudo ser una puerta a la evolución informativa es mal utilizada para las bajas pasiones humanas.
Con esta nueva realidad, aparecen también grandes retos en función de lograr, por una parte, autorregulaciones y, por otra, una normativa mínima que sin atentar a las libertades digitales alcanzadas logre limitar los excesos y el libertinaje.