El año 2021 cerró con 320 personas privadas de libertad (PPL) asesinadas en los amotinamientos carcelarios, lo que representó un incremento del 587% respecto al año 2020, cuando se registraron 46 muertes. La mayoría de fallecidos eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva, sentenciados por delitos menores; y en algunos casos, contaban con boleta de excarcelación.
Para entonces, en septiembre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó estos hechos de violencia y recordó al Estado ecuatoriano su deber de adoptar medidas que garanticen los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las PPL, por lo que instó a investigar de oficio los hechos, e implementar acciones para evitar su repetición; así como aumentar la seguridad penitenciaria para prevenir el accionar de grupos criminales dentro de las mismas.
Posteriormente, realizó una visita de trabajo del 1 al 3 de diciembre de ese año, identificando en su Informe publicado el 21 de febrero de 2022 que esta crisis carcelaria está caracterizada por altos niveles de violencia y corrupción dentro de las prisiones; y responde al abandono y falta de control estatal, lo que habría derivado que el control interno esté a cargo de las propias PPL. Se identificó la existencia de una política que opta por el encarcelamiento como respuesta a los problemas de seguridad ciudadana; uso excesivo de prisión preventiva; y obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios e indultos. Se advierte, además, que la institucionalidad carcelaria estaría debilitada por la disminución de presupuesto, falta de personal técnico y de custodia, y ausencia de política penitenciaria.
En fin, el problema y las posibles soluciones han sido ya advertidos por la CIDH en su Informe, recomendaciones que debían ser ya implementadas por el Estado; sin embargo, el flamante Ministro del Interior, frente a la última crisis carcelaria de El Turi, manifestó que esta es una oportunidad para “recién” cumplir con estas recomendaciones. Los problemas sociales, se evidencia, no son parte de la prioridad gubernamental.