La pandemia del COVID-19 está presente en las discusiones domésticas y del foro público, pero nada se habla sobre los estándares internacionales de derechos humanos que deben observar los Estados para que su obligación de protección a sus habitantes sea cumplida adecuadamente.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 4/2020 de 27 de julio de 2020, ya estableció ciertos parámetros para la atención y contención de la pandemia. Si bien el contexto propio americano impone dificultades incluso anteriores a la pandemia como la pobreza, desigualdad, débiles sistemas públicos de salud, entre otros; esto no exime la responsabilidad estatal de acatar estándares mínimos.
En efecto, más allá del proceso necesario de vacunación preventiva, también es importante resaltar la necesidad de acciones con finalidad curativa, paliativa y de recuperación, para lo cual se debe garantizar el acceso y disponibilidad de pruebas diagnósticas, a medicamentos y fármacos aceptados y a equipos y tecnologías disponibles; esto, tomando en consideración un enfoque geográfico e intercultural que permita su acceso a los pueblos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, sin barreras económicas o estructurales.
Además, cualquier tratamiento médico preventivo o curativo debe contar con el consentimiento previo, libre e informado propio, de los familiares o representantes del paciente. Esto ha iniciado un debate actual sobre la obligatoriedad de la vacunación cuya discusión aún no está agotada.
Otro estándar de peso tiene que ver con la garantía del derecho de acceso a la información pública sobre las medidas estatales adoptadas en el contexto COVID-19 y la protección de datos personales de las personas contagiadas.
Finalmente, es un componente transversal que las políticas públicas respeten el principio de igualdad y no discriminación respecto a las personas en situación de pobreza, adultas mayores, privadas de libertad, con discapacidad, migrantes, LGBTTI, entre otras.
En definitiva, sí, la vacunación masiva es importante, pero quedan algunos estándares inobservados al momento de enfrentar esta crisis sanitaria, lo cual implica un gran reto para el Estado.