El discurso del presidente Guillermo Lasso respecto a la corrupción siempre ha sido implacable. Ha manifestado de manera reiterada que “no pactará con la corrupción”, “que tiene cero tolerancia a la misma”, “que la corrupción es una traba a la prosperidad”, entre otras felices afirmaciones. Sin embargo, la realidad, más allá de los discursos mal elaborados, es otra.
En efecto, han salido a la luz varios escándalos de corrupción en manos de sus colaboradores cercanos; tales como aquellos de negociaciones de compraventa de cargos públicos en Aduanas, donde la figura más destacada en las investigaciones es la del amigo personal del Presidente y exconsejero para asuntos bananeros, Juan Jose Pons; en el Ministerio de Agricultura, donde se negociaron cargos en el Viceministerio de Agricultura; y en Petroecuador, donde se denunció tráfico de influencias en la entidad.
El último caso de corrupción y el más grave porque no solo implica la negociación de cargos públicos, sino también la injerencia en otras instituciones estatales como la Función Judicial y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -Cpccs-, resulta ser la designación del Superintendente de Bancos, donde el asesor ad honorem del Presidente, Aparicio Caicedo, haciendo gala de tráfico de influencias, chantajes, amenazas e injerencia directa en otras instancias estatales, operó políticamente para dar de baja la postulación del candidato Raúl Gonzales, dejando claro que tiene la capacidad para manejar el quorum para la instalación de las sesiones del Cpccs, así como también para impedir las posesiones mediante la intervención de la justicia con medidas cautelares.
La respuesta oficial a este evidente escándalo es inexistente y al parecer pretenden evadir el tema hasta que se diluya y deje de estar en el debate. Frente a esto cabe preguntarse ¿hay independencia en el proceso de designación de autoridades que esta llevando el Cpccs? ¿El Ejecutivo maneja los hilos de estos procesos? Al parecer el combate a la corrupción no deja de ser un discurso.