Control ciudadano a la fuerza pública

Kléver Peñaherrera

Los ecuatorianos cada día nos despertamos con noticias que realmente hielan nuestro entendimiento, especialmente aquellas que tienen que ver con la seguridad y la clase política.

Quiero referirme a los escándalos que rodean el sillón presidencial por la investigación que ha realizado un medio de comunicación digital, el mismo que presenta varias “pruebas” y entre éstas unos audios, en los que se encuentran inmersos, supuestamente altos mandos de la Policía Nacional, en los que se los escucha fraguando un acto ilegal, con la finalidad de archivar una investigación que podría afectarle al Presidente de la República, entendiendo por su puesto que, esta es una acción en la que se involucran varias personas, pues el archivo, sólo lo puede disponer un juez mediando la solicitud de un fiscal, es decir que se habla de una red de corrupción para afectar gravemente a nuestro país.

Pero este no es el único caso que se conoce de actos ilegales cometidos por miembros la fuerza pública, otro hecho, el caso del femicidio en de la Ab. Belén Bernal, del que conocemos la confabulación que se cometió, para esquivar que los culpables sean procesados; y, así podríamos enumerar actos históricos reprochables realizados, sin que exista el mínimo reproche por parte de las autoridades.

El artículo 204 de la Constitución dice que “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación…” es decir que, el control social es un derecho, que lo podemos ejercer los ciudadanos ante cualquier persona que esté investida de autoridad estatal; y, al comprender lo importante y estratégico que es el accionar de la fuerza pública, ya es hora que la ciudadanía controle y fiscalice el accionar de estos funcionarios.

Las nuevas democracias se construyen desde el fundamento del pluralismo, no el totalitarismo; y no podemos concebir, que las instituciones que deben garantizar nuestra seguridad ciudadana, se presten a perennizar actos repudiables, vendiéndose al mejor postor, para conservar sus privilegios políticos.