La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya función entre otras, es la de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionados con los aspectos y gestiones sujetos a su control. Diría también, que es una entidad gubernamental destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública; es decir que en la práctica, es la llave de la economía del país.
Hemos de entender entonces, que para la buena marcha de los recursos de los ecuatorianos, el titular de Contraloría debe ser una persona de reconocida solvencia moral, de impecable honradez y probidad.
Nuestro Ecuador ha sido víctima de los más atroces escándalos, consistentes en delitos contra la administración pública, donde se han atracado los dólares de la caja fiscal y del IESS por millones, sin que hayamos podido recuperarlos; con el antecedente de que ese dinero robado por unos pocos, tendremos que reponer todos los ecuatorianos.
Ahora bien, hasta la semana pasada tuvimos un contralor firme y de mano dura con los corruptos, quien se había ganado por su buen desempeño en contraloría, la confianza de la sociedad civil; sin embargo, ahora aparece involucrado en una red de corrupción. Me niego a creer que así sea, porque siempre consideré que era uno de los pocos honestos de mi país; por lo tanto, le dejo el beneficio de la duda. En todo caso, tanto fiscalía como Pablo Celi tienen 90 días para demostrar la responsabilidad y acreditar la inocencia respectivamente. La justicia tiene un largo trecho para investigar lo ocurrido y dar una respuesta certera a los ecuatorianos.