Como gestor de las 2 primeras Consultas Populares que se hicieron en el país, para lograr la provincialización de Santo Domingo, y para recuperar el territorio de La Concordia; es mi deber hacer notar que desde el 2000, la «Constituyente» ha sido utilizada por el Foro de Sao Paulo como butrón, por donde penetran las legislaciones nacionales e instauran regímenes narco-comunistas; sucedió en Venezuela, Bolivia, Ecuador, van a imponerla en Colombia, Perú, la impusieron en Chile.
Es un sistema lento: Comienza por Consulta Popular para autorizar, la Constituyente. Después se convoca a elección de diputados constituyentes. El presidente de la República es suplantado por el presidente de la Constituyente, salvo que le delegue la administración estatal. Luego de meses de «debate», donde se imponen otros intereses, no el de los electores que exigen eliminar las funciones creadas en Montecristi; presentarán la nueva Constitución, reafirmando su carácter narco-comunista.
Finalmente, se convoca a Referéndum aprobatorio. El trámite es tedioso, peligroso, oneroso: 180 millones de dólares costó la Constituyente Montecristi. 36 millones el Referéndum aprobatorio y 35 millones la propaganda. La propuesta que envié al presidente electo, tiene carácter obligatorio y de inmediato cumplimiento. Consiste en que el presidente, en su 1er Decreto, disponga al CNE convoque a Consulta Popular con las preguntas que están admitidas por la Corte Constitucional mediante Dictamen 7-19-RC/19, que eliminan las funciones creadas el 2008 y sustituye la Asamblea por Congreso Nacional bicameral, integrado por un senador y un diputado por provincia.
Con el resultado favorable de la Consulta, el presidente propone reforma parcial de la Constitución, ante la Asamblea, que debe tramitarla de modo obligatorio e inmediato, por provenir de Consulta Popular, que es la voluntad soberana en la que se sustenta la autoridad, según los Arts.106 y 1 de la Constitución. En la tardanza está el peligro. ¡Primero mi Patria!