A raíz de declaraciones de altos funcionarios gubernamentales, se evidencia que es inminente la convocatoria a una consulta popular por parte del presidente de la República; y han dicho, además, que esta consulta radicaría en asuntos que requieren de enmiendas constitucionales, entre cuestiones políticas e institucionales.
Con este antecedente, temporalmente, hace un año, cuando el presidente Lasso manifestaba su intensión de impulsar esta consulta, se podría decir que tenía la balanza a su favor, ya que gozaba de una considerable aceptación y credibilidad gracias a la campaña de vacunación, y además, tenía cierta fuerza en la Asamblea Nacional por la alianza agonizante que mantenía con la Izquierda Democrática y Pachakutik.
Como es conocido, en nuestro país no pesa el “qué” de la consulta, es decir, el alcance del contenido de las preguntas, sino el “quién” la impulsa; por lo que, los resultados de la misma están estrechamente ligados a la aceptación y legitimidad que goce el convocante. En este contexto, era inminente un triunfo para el régimen.
Hoy, en cambio, el panorama es totalmente distinto, ya que el Gobierno no tiene una mayoría propia ni alianzas en el Legislativo; por el contrario, tiene su rechazo por la poca acción política que ha demostrado. Además, es pública y notoria la escaza popularidad y aceptación que tiene el Gobierno según las diversas encuestas que se han levantado últimamente. Es de preguntarse, entonces, en este contexto, ¿existirán actores políticos que se jueguen a apoyar la iniciativa de un régimen cuya aceptación es pobre?.
Los cálculos políticos denotarán que alinearse el apoyo a esta consulta implicaría ser arrastrados hacia la ignominia a la que está llegando el convocante.
En definitiva, hay que preguntarse si cabe una consulta popular sobre temas de “relevancia política e institucional” cuando los problemas más básicos y de atención urgente que aquejan a nuestro país como la inseguridad, deficiencia en el servicio de salud y corrupción, no han podido aún ser resueltos.