Hace pocos días, el señor Presidente de la República anunció su intención de convocar a una consulta popular y mencionó que estaría pensando hacerlo en relación con dos temas: el Consejo de la Judicatura y el régimen laboral.
Al parecer fue un anuncio casi improvisado, puesto que lo hizo en términos muy generales. No obstante, por la trascendencia del asunto, considero necesario ensayar unos primeros comentarios al respecto.
Sobre el tema del Consejo de la Judicatura, cabría considerar que el problema de la administración de justicia no es sino uno más de los efectos perniciosos de la malhadada Constitución de Montecristi que, con el empaque de una constitución garantista y de avanzada, movió al engaño al pueblo que sin conocer el trasfondo de semejante instrumento, votó mayoritariamente por el SI y permitió el desmantelamiento del Estado de Derecho para transformar al Ecuador en un país en el que la función ejecutiva concentró el poder y manejó a su antojo las otras funciones del estado con los desastrosos resultados que estamos lamentando.
Por ello, no cabría plantear una reforma enfocada a un tema específico como el del Consejo de la Judicatura o la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La desestructuración del estado es tal, que se precisa una reforma a fondo de la Constitución o la sustitución por una que responda a los principios que siempre orientaron la vida nacional. Quizás cabría consultar al pueblo sobre un texto reformado de la actual constitución, un texto actualizado de la constitución de 1998 o, la convocatoria a una asamblea constituyente.
En cuanto a la reforma laboral, no creo que la consulta popular sea lo más indicado; ella implica más bien una participativa y amplia discusión en la que deben intervenir necesariamente el Estado, los trabajadores y los empleadores, y que además considere el tema de la seguridad social.