Pese a estar secuestradas las instituciones, por redes criminales de corrupción, amenazada la Nación, por peones del narco-terrorismo y guerrillas urbanas; esperar un ambiente que favorezca la gobernabilidad, es ingenuo. La Asamblea, organismo de extorsión, repugnante mediocridad, insolente corrupción, es inservible.
En la década infame se implementó para engañar, un sistema de «selección», ampuloso, cínico, denominado: «examen de conocimiento, méritos y oposición, con veeduría social». En la práctica entregaban preguntas, calificaban a los recomendados, con generosidad, varios no fueron «examinados», o la última evaluación era la válida.
Por eso no hay jueces, ni funcionarios de control fiables, la mayoría son sirvientes de políticos que los apadrinan, están para cumplir consignas. El Ecuador carece de Contraloría, de Procuraduría. No imparte justicia, hay mucho servil del narco-terrorismo. Se debe derogar la legislación pro delincuencial que favorece la impunidad. El prevaricato debe ser imprescriptible, sancionado con 40 años de reclusión; así se garantiza la aplicación de la ley.
La fuerza pública, por principio, enemiga de la subversión, del narco-terrorismo, está obligada a proteger y rendir honores a narco-comunistas. El sistema es perverso, en esa circunstancia, una fuerza armada integrada por elementos a los que les importe más el destino del país que sus ascensos y situación personal, apoyados por autodefensas de la sociedad civil, pueden revertir el círculo vicioso que consiste en otorgar poder a delincuentes vinculados al narco-terrorismo internacional, a través de «elecciones» controladas por un sistema impuesto mediante Constituyente, para cumplir consignas narco-comunistas. Sólo la convocatoria a Consulta con las preguntas aprobadas por la CC en Dictamen 7-19-RC-19, que eliminan las funciones creadas en Montecristi, permitirá al presidente superar obstáculos y erigirse en el líder restaurador del Estado de Derecho que requiere Ecuador.