En materia penal la prueba es absolutamente técnica; de ahí es que podemos tener la razón, pero si no la practicamos conforme a derecho en aplicación al debido proceso para judicializar, bien pueden obtenerse resultados contrarios a los intereses de los procesados o de las víctimas.
La prueba en el caso del policía Olmedo se debía practicar con fundamento en la legítima defensa, la misma que se produce cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurra la agresión actual e ilegítima; así también la necesidad racional de la defensa, y, la falta de provocación de quien actúa en defensa del derecho; si estos elementos se reúnen en el momento en que se repele una agresión, quien mata, hiere o golpea al agresor, no adecúa su conducta a ningún tipo penal, porque la legítima defensa es una causa de justificación.
Juegan un papel indispensable en este caso los instantes en que se hicieron los disparos; es decir, si seguía vigente la agresión por efecto del tiempo, sin olvidarnos que dicha agresión debe ser actual; entonces analicemos si los disparos se produjeron en el momento del asalto, o luego de que huyeron los delincuentes; se tomará en cuenta si la víctima quedó a buen recaudo, y sobre todo la distancia que había entre ésta y los reos en el momento de los disparos; el número de éstos y la entrada y salida de las balas en el cuerpo de quién recibe los disparos. ¿Acaso habría el estado de necesidad, y el uso progresivo de la fuerza?
Probar pericialmente la existencia del arma de los delincuentes era crucial; demostrar que estaban en riesgo tanto la vida del policía como la del menor de edad afectado.
Solo estoy dando los parámetros que debían demostrarse en el proceso, porque una cosa es juzgar con el corazón, y otra muy diferente aplicando lo que aparece en el proceso. Dejo de tarea a usted amigo lector para que juzgue quién tiene la razón en este caso. Como sostuvo Durán Díaz (+): “Lo que no consta en el proceso, no consta en el universo”.