Después de dos años de educación virtual, los estudiantes regresan a las aulas; disposición que se ha tomado con mucho entusiasmo y a la vez incertidumbre, esto debido a que la ausencia en las instituciones educativas, conllevó a una “nueva normalidad”, y a más de ello, se heredó secuelas que limitan un óptimo regreso presencial.
La covid-19, nos adaptó a un nuevo estilo de vida, entre ellos, suplir las clases presenciales por lo virtual, que, si bien es cierto, en países de primer mundo, se lo denomina “modernización de la educación”; sin embargo, en Ecuador y toda Latinoamérica, ha sido un retroceso por cuanto la democratización al acceso de la tecnología está por debajo de lo que permitiría una educación de calidad. Ahora bien, las clases virtuales, pese a que se requiere cubrir costos como internet y demás herramientas tecnológicas, significa un ahorro a diferencia de los costos que acarrea las clases presenciales, tales como, uniformes, útiles, transporte, colación, etc. Entonces ¿sacrificamos calidad de educación por ahorro? A mi parecer no.
Otro punto preocupante es, como el Estado, el Ministerio de Educación y demás responsables, en el transcurso de los dos años de ausencia estudiantil presencial, poco o nada se han preocupado por la fachada de las instituciones educativas –públicas-, que en su gran mayoría se han visto afectadas infraestructuralmente, llegando al punto de ser cerradas por no contar con las garantías básicas para ser utilizadas, y en secuencia generando cambios –drásticos- de planteles en los estudiantes, muchas veces lejanas a su domicilio.
A todo esto, se suma la crisis económica e inflación actual que vive el país, lo cual dificulta cubrir los gastos que significa el regreso a la educación presencial, ante ello se espera el apoyo necesario por parte del Estado.