El pasado domingo 3 de octubre se realizó una de las mayores filtraciones de la historia, los Pandora Papers, por parte Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de cómo algunas de las personas más acaudaladas y poderosas del mundo ocultan riqueza, eluden impuestos, y lavan dinero a través del uso de “Offshores” y “paraísos fiscales”.
Para el ciudadano o ciudadana común dichos términos no deben resultar muy familiares. Simple y llanamente, una sociedad “Offshore” es una empresa fantasma (no produce nada, solo consta en papel) con el objetivo de pagar menos impuestos y ocultar la procedencia de ese dinero, ya que algunos paraísos fiscales cuentan con el secretismo bancario.
Es de gran asombro para este servidor el observar cómo en el Ecuador, a raíz de que el rostro de nuestro mandatario ha ocupado las primeras planas de los principales periódicos del mundo, se intenta suavizar el impacto que tiene el contar con “Offshores” o fideicomisos en paraísos fiscales, hasta haciendo usos de eufemismos por parte de algunos analistas que denominan “optimización tributaria” al hecho de eludir y evadir impuestos.
Si bien hay que mencionar que el contar con empresas offshore sí es legal en la mayoría de países, más no ético. Esto porque supone una pérdida de recursos muy fuerte para los gobiernos, que, para solventar esta pérdida de recursos, suele recurrir a aumentar impuestos a los que no tienen el privilegio de eludirlos o evadirlos en paraísos fiscales; es decir, a la clases medias y bajas. Además, socava la moralidad tributaria. ¿Con qué calidad moral puede un mandatario pedir un mayor esfuerzo fiscal a sus ciudadanos y ciudadanas si él mismo envía su dinero a otros países para pagar menos impuestos?
Incluso, organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, condenan el uso de paraísos fiscales, y hasta buscan implementar un impuesto global para que estos paraísos fiscales dejen de resultar tan atractivos.