Para el año 2022 el Ecuador contará con una nueva Ley Tributaria, o como la denomina el gobierno, Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El argumento para haber propuesto dicha ley es corregir el supuesto gran desequilibrio fiscal existente y recaudar más de quienes más tienen.
El argumento del desequilibrio fiscal, esto es, que el gobierno tiene más gastos que ingresos, se lleva repitiendo desde el gobierno de Lenin Moreno para aprobar leyes que solo han empeorado la situación. Lo cierto es que, a 12 de noviembre del presente año, el Banco Central de Ecuador (BCE) contaba con 2.300 millones de dólares que se mantienen de forma totalmente ociosa, que únicamente sirven para aumentar las reservas internacionales del país. Cabe recordar, que las reservas internacionales son los recursos que maneja el BCE para garantizar pagos internacionales, tanto públicos como privados. De ahí la necesidad del gobierno de aumentar dichas reservas, para garantizar a los tenedores de deuda externa que el país cuenta con recursos para saldar los intereses; es decir, se prioriza los intereses generados a estos tenedores de deuda, que algunos, inclusive, son ecuatorianos pertenecientes a los grandes grupos económicos del Ecuador, antes que las necesidades el país, por si aún quedaba alguna duda.
Claramente, el gobierno no busca recaudar de los que más tienen. En el sector de las telecomunicaciones se eliminarán impuestos a las empresas telefónicas por cuestión de participación en el mercado. Se modifica el ICE a las bebidas gaseosas con azúcar con una clara reducción de impuestos a las grandes embotelladoras. Finalmente, el polémico impuesto del 2% a los microempresarios no se elimina, solo cambia de nombre. Contará con cierta progresión de dicho impuesto respecto a los ingresos, pero seguirán cobrándose tomándose en cuenta los ingresos, y no las utilidades.