El 5 de febrero de 2018, se aprobó en el Ecuador la “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, misma ley que muchas mujeres víctimas de violencia probablemente no conozcan que exista, ya que como se sabe la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
La violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye: violencia por un compañero sentimental; violencia sexual y acoso; trata de seres humanos; mutilación genital, y matrimonio infantil.
Las estadísticas demuestran que casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia de Covid-19 y las recientes crisis humanitarias, 13 países desde la pandemia, recogen que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos.
Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en las sobrevivientes, creando espacios seguros de protección, como albergues que permitan que las mujeres víctimas de violencia puedan acudir, y obtener ayuda emocional, económica que logre mejorar su confianza, para salir de ese círculo vicioso que muchas veces por la falta de apoyo y recursos les obliga a continuar en el. Es importante que se adopte enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas, para erradicar esta situación de la sociedad.