Estudios de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe señalan, que, a partir de 1990, el crecimiento poblacional anual sigue un ritmo de 6 millones de personas por año.
Para Carreño-Campo, C., y Alfonso, W. H. (2018) la economía global ha transformado a las ciudades en mercados laborales, es decir, espacios que ofrecen oportunidades tanto en sectores muy especializados como en el sector informal, por lo que los núcleos urbanos se han vuelto las plataformas en las que la creciente población busca un mejor futuro.
Ante esto, en muchas ciudades del tercer mundo que son centros económicos, hay tasas de crecimiento urbano que superan en escala y velocidad a las de procesos similares ocurridos en la Europa de finales del siglo XIX (Davis, 2014). Sin embargo, este acelerado crecimiento urbano no ha traído soluciones habitacionales para toda esta nueva población agrupada en los núcleos urbanos.
En los nuevos centros económicos la gestión de las autoridades deja de lado la planificación como método de desarrollo urbano y sigue las lógicas del mercado, mostrando más interés por la inversión inmobiliaria (Fainstein, 2001; Harvey, 1989; Molotch, 1976) que por dar vivienda de calidad a la población creciente.
Estas malas políticas en vivienda se suman a los bajos ingresos, la inestabilidad laboral y el desempleo, para reducir de forma importante la existencia de una demanda solvente (Carrión, 1996) por parte de la población más desfavorecida, que tiene que afrontar nuevos gastos como pagos de impuestos prediales, servicios, cuotas administrativas, etc.
Toda esta población que no logra acceder a los programas de vivienda estatales ya sea subvencionada o por cuenta propia, cae en espacios que reproducen formas de crecimiento desigual, donde existe degradación, exclusión social, segregación y pobreza (Rubio, 2020). Donde no solo se vulnera el derecho a la vivienda digna y a servicios básicos, sino que se coarta el derecho a la ciudad y a la vida urbana que describe Lefevre (1968).