Mesías Mestanza Solano
Nuestro Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia el año 2014, significó una serie de beneficios para quienes proceden al margen de la ley; analizaré únicamente 2 de ellos: En la misma audiencia de flagrancia que se realiza dentro de las 24 horas de cometido cualquier delito, el preso puede salir en libertad bajo la condición de no salir del país y presentarse periódicamente ante la autoridad que ordene el juzgador; el reo puede someterse a un procedimiento abreviado en la misma audiencia de flagrancia y recibir una insignificante pena, evitando así una serie de trámites. Bien, voy a poner un ejemplo… si alguien comete un delito que tenga una pena de uno a tres años de prisión, el juzgador le impondrá una sanción de 4 meses; pero asómbrese amigo lector, el abogado hábil en aquella misma audiencia puede solicitar a la jueza o juez la suspensión condicional de la pena, y, cumplidos mínimos requisitos, entre ellos que el delito tenga una pena que no supere los 5 años, el reo saldrá en libertad como en desfile.
Más adelante, la Corte Nacional en Resolución N. 02-2016 prohibió que en un procedimiento abreviado lleno de bondades para los presos, se aplique además el beneficio de la suspensión condicional de la pena por constituir un doble premio para los privados de libertad.
Mas ahora, en sentencia 50-21-CN/22 de la Corte Constitucional, se deja sin efecto la Resolución de la Corte Nacional… y de esta manera, quienes adecúen su conducta a un tipo penal que tenga una pena de 5 años o menos, podrán recibir estos dobles beneficios y salir en inmediata libertad.
Nadie desconoce los principios legales y las garantías constitucionales… pero ¿cuáles son los derechos de la sociedad civil?, ¿qué está haciendo nuestra Asamblea para garantizar los derechos de los ciudadanos? … nada. Están ocupados queriendo destituir a Villavicencio. ¡Qué ironía!
Pensemos en nuevas reformas, pero esperemos mejor a una nueva Asamblea.