De conformidad con el Art 140 de la Constitución de nuestro país, la Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción.
Recordemos que el Presidente Lasso envió un proyecto económico urgente a la Asamblea, la misma que con tamaña irresponsabilidad entró a conocer el informe de mayoría a última hora y luego el de minoría, sin obtener los votos necesarios ni para el uno ni para el otro; tremenda falla de nuestros legisladores, quienes se marearon con tantos telefonazos, incumpliendo el procedimiento parlamentario con total desconocimiento de la ley.
Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Art. 62) disponen que “Cuando en el plazo de treinta días, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial.
Más allá de que ciertos partidos políticos se oponen a todo, les falta conocer nuestras leyes y sus procedimientos, y lo que es más, les falta ética, moral, credibilidad y seriedad para representarnos dignamente en tan alto poder del Estado donde se hacen las leyes que conforman nuestro ordenamiento legal. ¿Pero qué pasará?, la respuesta nos la da el Art. 147 de la Constitución: Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia; es decir, entrará en vigencia el proyecto sin modificación alguna. ¿Quién defiende al pueblo llano? ¿Acaso no les dimos el voto a los Padres de la Patria para que trabajen con sentido nacional en favor de las grandes mayorías? Parece que el hecho de fiscalizarse recíprocamente no les da tiempo a los asambleístas.