En respuesta a la precaria situación económica del país, el presidente, Guillermo Lasso, presentó su proyecto de Ley de Creación de Oportunidades ante la Asamblea y la ciudadanía. La argumentación principal del ejecutivo y sus asesores es que el mercado laboral es muy rígido y costoso en el Ecuador para que se posibilite la creación de nuevos empleos. Los empresarios se verían motivados a contratar más si tuviesen que pagar un menor salario por nuevos contratos y demás beneficios laborales.
Pues bien, dicha argumentación no puede ser más errónea y alejada de la realidad. El empleo no se crea por una ley o decreto. El empleo se origina porque en la economía real (la parte productiva de la economía de un país) se producen las condiciones necesarias para que se demande más trabajo. De qué manera las empresas van a producir más si no consiguen vender más. Y, para aumentar sus ventas, los ciudadanos tienen que tener, simple y llanamente, más dinero en sus bolsillos para consumir los productos que las empresas producen. Y no, con trabajos precarios no se consigue aumentar el dinero en los bolsillos de las personas, más bien, todo lo contrario. El único objetivo que persigue dicha ley es aumentar las utilidades de las empresas en el corto plazo a costa de los derechos de sus trabajadores.
Si no fuera todo, en nuestro propio país ya tenemos ejemplos de este tipo de políticas. En la década de los 90, dichas políticas no obtuvieron casi efecto en la creación de empleo. En la práctica, son otras las circunstancias como: la seguridad jurídica y ciudadana; la creación de infraestructura; lucha contra la corrupción; o la planificación a mediano y largo plazo que incentiven a que se genere un clima de confianza que propicie las nuevas inversiones, con la consiguiente creación de empleo. Frente a esto último, el gobierno no propone nada digno de mencionar.