Cuando hablamos de justicia, nos referimos a uno de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) del estado, poder independiente en todos los ámbitos.
En la doctrina, encontraremos diversos conceptos de justicia, pero en breves términos debemos conocer que está definida como un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad.
En nuestro país la función judicial goza de autonomía administrativa, económica y financiera, y el acceso a la misma es gratuita.
Con esta galardonada y bien maquillada teoría podríamos llegar a creer que esto se cumple, sin embargo, los cuestionamientos a la administración de justicia son cada vez más recurrentes.
Jueces acusados de emitir resoluciones alejadas del derecho, que benefician a una de las partes, fiscales que demoran y dilatan investigaciones, con un sistema viciado y podrido, cada día es más difícil actuar con verdad y lealtad. Quienes debemos acceder al sistema judicial nos encontramos con hechos que nos impiden laborar honestamente, cada día es más común solucionar controversias tomando el camino más corto, repitiendo hechos lamentables.
Un modus operandi cada vez más común, un secreto a voces, en donde la justicia tiene un costo, pese a que su acceso es “gratuito”.
No todo está perdido, aún existen operadores de justicia que actúan apegados al derecho, llegando a ser una esperanza de cambio, y aunque sean minoría contagiarnos de la verdad y honestidad no es difícil. Darle un giro a esta historia es posible, usuarios, ciudadanos y funcionarios somos los protagonistas y actores, en nuestras manos está frenar los abusos y atropellos.
Debemos luchar por generar el cambio que queremos ver en nuestra sociedad, vamos a encontrar dificultades, cuestionamientos y tropiezos, pero los frutos de este sacrificio representarán cambios que quedarán para las próximas generaciones.
“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad” Montesquieu