Los medios de comunicación cumplen un rol importante en la sociedad, tanto así, que comúnmente se les considera como una función o poder más del Estado. Partiendo de este punto, es manifiesto la responsabilidad que recae en ellos, pues dotan de competencia mediática a la ciudadanía que consume su contenido y presupone ser información objetiva y veraz.
Sin embargo, no es menos cierto que en ocasiones los medios de comunicación crean juicios paralelos, el cual genera un grave problema en los procesos jurisdiccionales, ya que en muchos de los casos se realizan juicios de inocencia o culpabilidad basados en opiniones subjetivos que no terminan coincidiendo con la decisión de los jueces, quienes resuelven en base a lo aportado en juicio; poniendo en riesgo la imparcialidad, debido a la presión mediática y social.
Claro ejemplo de lo dicho en líneas anteriores, sucede con el caso del policía Santiago O. sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel por extralimitarse contra dos antisociales, ocasionándoles la muerte. Sentencia que no ha sido aceptada por varios ciudadanos, los mismos que han receptado información a través de medios de comunicación, resumido en “ser policía y ser antisocial”, alejado de lo que ha sido aportado o no en el proceso; además, de información jurídica, tales como, “el uso progresivo de la fuerza”, “exclusión de la antijuricidad”, entre otros.
Por otro lado, cierto grado de responsabilidad tiene el Estado en cuanto a la actual situación jurídica del policía, pues es su obligación brindar a la Institución capacitaciones continuas y con profesionales especializados, a fin de evitar consecuencias jurídicas en su contra por desconocimiento.
La Justicia debe continuar siendo independiente y administrada por jueces imparciales, donde toda sentencia sea apegada a Derecho, pese a las presiones mediáticas y sociales.