Los jueces no deben aplicar normas que favorecen a los delincuentes, dejando en indefensión a la sociedad. Ese comportamiento evade la responsabilidad social que tiene todo funcionario público, subordina su actuación a normas jurídicas de menor jerarquía, fractura el sentido de justicia.
Hay que exigirles que hagan prevalecer el interés general de la sociedad, por encima del interés particular de los infractores, lo cual es constitucional, conforme al Art. 83.7. El juez que no aplica este principio y adopta normas del COIP, para proteger al delincuente y anular la reacción de la fuerza pública, debe ser enjuiciado por prevaricato.
Hay que impulsar una campaña exigiendo que el prevaricato sea imprescriptible, sancionado con 40 años de reclusión y decomiso de bienes. Por tanto, cualquier Consulta Popular debe ser integral, orientada a desarmar el narco-Estado, no una sola función. El narco-terrorismo gastó 35 millones en propaganda, para posicionar la Constituyente Montecristi que costo 180 millones.
Lasso debe posicionar la Reforma Constitucional aprobada por la Corte Constitucional en Dictamen 7-19-RC-19. Demostrar voluntad de cambio ante la población que desea que desaparezcan: AN, CPCCS, CNE, organismos que son parte del diseño narco-terrorista a través de las Funciones de Transparencia Control Social y Electoral. Eso tiene que eliminar. Debe responsabilizar al narco-terrorismo internacional del deterioro de la sociedad.
Sobran argumentos para desbaratar la Constitución narco-comunista 2008, causante de nuestros problemas, diciendo las cosas sin eufemismos: son una organización criminal que se hizo del poder el 2007, instauró un narco-Estado, infiltró la fuerza pública; la inseguridad es provocada por organismos de DDHH, cuyo diseño delincuencial protege a los criminales, dejando en indefensión a la sociedad. Me preocupa tanta ineptitud, tanto imbécil antipatria, con poder. Porque este mandato, es la última oportunidad que tiene Ecuador para salir del narco-Estado. No hay excusas. ¡Es ahora!