Karla Estrella Mejía
Una de las grandes dificultades que han mostrado los gobiernos ecuatorianos, es saber gestionar la política pública, hacer que prevalezca el beneficio público por encima de la etiqueta política, y lograr que la gestión pública cumpla su función en el tiempo necesario, sin presiones de tipo coyuntural, clientelar y electoral.
A pesar de que el inicio del proceso de planificación en Ecuador data de los años 50 con el Consejo Nacional de Economía, este importante proceso ha ido evolucionando con altos y bajos, marcándose la necesidad de que a través de la planificación, se siga la hoja de ruta de la política pública ecuatoriana.
En 2004, la Senplades adopta el control, seguimiento y evaluación de la política pública generando una mayor estabilidad en los proyectos con visión de país. Pero lamentablemente, este camino evolutivo es truncado en 2019 por el gobierno de Moreno, quien le quita recursos y competencias al proceso de planificación, creando la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, un organismo que tiene menor control y evaluación en los proyectos públicos.
Situación que se repite en los siguientes gobiernos, quienes han pretendido invisibilizar la gestión anterior a la suya, con la idea de posicionar su etiqueta como una marca personal. “El nuevo Ecuador”, “El Gobierno del Encuentro”, “El Gobierno de Todos”, y demás denominaciones que vienen con cada uno de los mandatarios que llegan al poder, sin embargo, esta peculiar idea de posicionamiento político es nociva para la planificación de la política pública, y lamentablemente, no ha permitido que se consolide una institución que produzca una buena gobernanza con visión de corto mediano y largo plazo. Un simple ejemplo de ello es el gran problema energético que afrontamos actualmente, en el que claramente se observa una falta de control y prevención ante los inminentes riesgos a los que estamos expuestos.