El Ecuador es un Estado Constitucional que prevé un sinnúmero de derechos a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y naturaleza; sin embargo, no basta con tan solo meras enunciaciones, sino que, es necesario mecanismos de protección.
Dentro del marco constitucional, las garantías jurisdiccionales son el mecanismo para prevenir, cesar o enmendar vulneración de derechos. En el caso de Ecuador, se han definido las siguientes acciones jurisdiccionales: acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección.
La acción de protección tiene por objeto la tutela o amparo de todos los derechos constitucionales a excepción de los derechos que estén amparados por las otras garantías jurisdiccionales.
Por su parte, el ejercicio de la acción de habeas corpus y habeas data, tienen como fin recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima y de proteger aquellos datos que cumplan con una función informativa respecto de las personas o sus bienes; así como requerir su actualización, eliminación, rectificación o anulación de dicha información, respectivamente.
La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna.
Por último, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, en el orden dado, garantizan la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de derechos humanos; y que la supremacía de la constitución sea segura, es decir, proteger los derechos constitucionales que han sido vulnerados por la acción u omisión en un fallo judicial.