Mesías Mestanza Solano
El Estado garantizará sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en las leyes ecuatorianas; de ahí que, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento como nos explica nuestra Carta Fundamental, así como el Pacto de San José de Costa Rica del cual nuestro país es signatario, cuyas normas por contener derechos más favorables a los constantes en nuestra Constitución, prevalecen sobre cualquier norma legal.
En materia penal no existe ningún justificativo para violar el derecho a la defensa; es decir, que el sospechoso o el procesado deben ser notificados o citados desde el mismo momento de dictarse una investigación previa o una instrucción fiscal para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo; de no hacerlo, y sin considerar la gravedad del delito, todos los elementos de convicción o pruebas recogidos en estas etapas carecerán de eficacia probatoria y no tendrán ningún valor.
La Carta Magna dispone que en los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, los acusados serán juzgados en ausencia, lo que considero, es ilegítimo por atentar al Pacto de San José; sin embargo, pienso que esto dio resultado positivo en Ecuador porque quienes adecuaban su conducta a esta clase de delitos se refugiaban en otros países y evitaban ser juzgados… pero ahora ya se los juzga en ausencia.
Debemos entender que no basta que se hayan cometido los delitos para hablar de responsabilidad, sino que hay que seguir el debido proceso para alcanzar una sentencia condenatoria, sin apartarnos por supuesto de nuestro ordenamiento legal.
Habría que revisar nuestra Ley de Extradición y los convenios internacionales a fin de traer a quienes han huido del país luego de saquear el dinero de todos los ecuatorianos, más aún, obligarles a devolver lo robado que tengan en su poder o en manos de testaferros.