Del servicio público

Mesías Mestanza Solano

En nuestro Ecuador, el servicio público es una actividad ejecutada por una institución privada o pública para satisfacer necesidades sociales; estas prestaciones son reguladas por el Estado, entre ellas están: el suministro de agua potable, electricidad, salud, educación, comunicación, transporte o justicia; pero para ello, es la misma sociedad la encargada de velar para que ese servicio sea óptimo y de calidad; de ahí surge el deseo del Estado de proteger esa actividad laboral, la cual ha sido incluso tutelada por nuestras leyes penales, a efecto de que existe una amenaza carcelaria y económica para la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo.

Las marchas, las protestas, la resistencia, son legítimas y constitucionales, pero aquellas que se desarrollan en forma pacífica y normal, mas, si se comienza bien y se termina con violencia hacia las personas y destrucción de bienes públicos o privados, ya se estará atentando a los bienes jurídicamente tutelados.

El pueblo es responsable tanto de las cosas buenas como de las malas; por las primeras habrá que aplaudir, pero para las segundas, el poder estadual y la justicia sabrán juzgar. Cierto es que este tipo de manifestaciones en las calles tienen muchas veces buenas intenciones, pero en otras, son pretextos para desestabilizar al gobierno con el uso de la violencia y culminan con desmanes, saqueos y destrucción de bienes patrimoniales del Estado y de particulares.

Quien paraliza un servicio público estará adecuando su conducta a un tipo penal que es sancionado por el COIP; pues se presume que la normativa legal la conocemos todos sin que haya excusa por ignorancia.

Cabe recordar que hechos que atentan a la paz ciudadana y a los bienes patrimoniales no son negociables, por el contrario, se debe sancionar enérgicamente a sus autores para que sirva de escarmiento para los violentos y para aquellos que piensan que destruir las ciudades es un trampolín político. Para estos dirigentes oportunistas, las más severas sanciones.

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