Orlando Amores Terán
La ambigüedad del Decreto 111, no nos garantiza ningún éxito. Revisemos los hechos:
Artículo 3: Dispone movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes.
El procedimiento contra el «crimen organizado» y los «actores no estatales beligerantes», es diferente a la actuación que la fuerza pública asume contra organizaciones terroristas. Al crimen organizado beligerante, se lo combate, observando las reglas del «debido proceso», con autorización judicial, intervención de fiscales, sin armamento de alta letalidad, respetando los DDHH de los criminales. Mientras que al terrorismo, se lo combate con toda la letalidad que dispone la fuerza pública, hasta neutralizarlos, acatando normas humanitarias solo aplicables a personas que no participan del conflicto o incapacitadas para combatir, porque están heridas o se rindieron.
Artículo 5: Ordena operaciones militares bajo el Derecho Internacional Humanitario y respetando los derechos humanos.
Es un contrasentido, disponer que se respeten los DDHH, cuando se declara «conflicto armado interno para neutralizar a los grupos terroristas».
Deberán agregar evidencia que justifique el operativo: armas, dinero, explosivos, drogas; caso contrario, los operativos serán un gran esfuerzo que terminará en fiasco, por el excesivo garantismo penal, favorable al hampa.
Es preocupante lo que les puede suceder a los militares y policías que están cumpliendo con la Patria, tareas contradictorias; porque el mandatario no asume la responsabilidad, pero les ordena «respetar los derechos humanos». La fuerza pública carece de normas que vuelvan inimputables sus actuaciones. El hampa política ya los está responsabilizando, en defensa de su brazo armado narcoterrorista.
Debe arrestarse al hampa política vinculada con el narcoterrorismo, que es lo que hay que desarmar.