Sabemos que la seguridad ciudadana es un bien público que los Estados deben proporcionar para el cumplimiento de normas de convivencia y el funcionamiento eficiente de los sistemas de justicia y penitenciario.
Los eventos de violencia e inseguridad que azotan nuestro país nos demuestran que lamentablemente el Estado no funciona como necesitamos y me refiero a todos los niveles de gobierno y dependencias estatales. Ya no podemos salir ni a la tienda sin temor de ser víctimas de la delincuencia.
Esta problemática está afectando nuestros derechos fundamentales, la calidad de la democracia y la propia gobernabilidad para enfrentarla. Revisaba un estudio realizado por la escuela de Gary Becker que indica que quienes ingresan al mundo delictivo hacen una elección racional basada en el riesgo-beneficio que implica la actividad ilegal. Si las personas que son propensas encuentran un sistema de justicia deficiente, corrupto y vulnerable, sumado a esto, la falta de oportunidades laborales, lógicamente estarán muy animados a cometer delitos.
Por ello, la importancia de tener una visión integral y de largo plazo donde las causas son factores que se deben trabajar en forma paralela a sus efectos. Estableciendo estrategias aplicadas a cada realidad. En este sentido el Gobierno Central, a través de los Gobernadores tienen que ser los articuladores de acciones junto al Concejo de la Judicatura, Dependencias Ministeriales, Policía Nacional, los GAD’s Municipales y Provinciales, incluidos los asambleístas, ya que la Función Legislativa, tiene entre sus obligaciones, dictar leyes que busquen el bien común y brinden seguridad jurídica a la sociedad. Si tan solo las instituciones cumplieran con las misiones para las que fueron creadas se lograría la solución de casi todos los problemas sociales que existen y caminaríamos seguros al desarrollo.