No ha pasado un mes desde las movilizaciones pasadas y nuevamente el Gobierno ha tenido que afrontar una nueva crisis carcelaria en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde existió más de una decena de personas privadas de libertad (PPLs) que perdieron la vida de manera sanguinaria. De lo que se conoce, la mayoría de estas pertenecían al pabellón de mínima seguridad; esto es, personas encarceladas por delitos menores, infracciones de tránsito e incumplimiento de pago de pensiones alimenticias.
En nuestro país, constitucionalmente, el sistema de rehabilitación social tiene como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarles en la sociedad, así como también la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.
Sin embargo, como sabemos, el Estado está lejos de cumplir con esta obligación constitucional ya que no ha logrado una reinserción social exitosa y peor aún la protección y garantía de los derechos de las PPLs; tomando en consideración que ellas únicamente han sido limitadas en su derecho a la libertad de tránsito, gozando de sus otros derechos constitucionales y humanos.
Pero este problema se abona, además, con la lógica irracional y desproporcionada de la política criminal ecuatoriana donde su finalidad última es la privación de libertad de todas aquellas acciones u omisiones sociales que le resultan incómodas al poder, además, con la aplicación excesiva de la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia, que no observan su excepcionalidad y la han convertido en la regla.
En definitiva, la crisis carcelaria no tiene una solución a corto plazo. No basta adoptar soluciones de consuelo, temporales y coyunturales para justificar la actuación estatal frente al problema, sino que se debe reflexionar sobre temas estructurales que permitan generar un cambio de paradigma en la privación de libertad como solución extrema y de ultima ratio; y erradicar el pensamiento de que las cárceles son basureros sociales.