Agustín Sánchez
En mi última columna, me referí a la necesidad de respetar el derecho a la seguridad jurídica, con el propósito de que, bajo normas claras, los ciudadanos convivan armónicamente con los organismos públicos, se logre generar confianza para las inversiones y, en consecuencia, se consoliden mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. En este ámbito, los organismos públicos, las autoridades y los servidores públicos son los principales llamados a cumplir y hacer cumplir la ley. A pesar de ello, la municipalidad de Ambato habría iniciado una suerte de ‘cacería de brujas’ contra servidores municipales con nombramientos provisionales o definitivos, implementando un acelerado proceso de traslados de puestos a cargos de libre nombramiento y remoción, conforme a lo establecido por una nueva estructura orgánica que, contraviniendo la Constitución y la ley, modificaría la condición de un puesto de trabajo para ‘liberarse’ de servidores que resultan incómodos.
Es cierto que una administración o gobierno preferiría contar con personal de su confianza para alcanzar los objetivos propuestos, pero la ley, para inconformidad de muchos, se hizo para ser respetada y cumplida. Ahora bien, si estos presuntos atropellos jurídicos son ciertos, sin duda derivarán en acciones judiciales contra la municipalidad, que según el derecho implicarán resarcimiento de daños e indemnizaciones a favor de quienes hayan sido víctimas de estas decisiones precipitadas y contrarias a la ley. Es particularmente preocupante que para cuando se resuelva esta situación, las autoridades actuales probablemente ya no ocupen los cargos que tienen actualmente, y serán los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos los que asumiremos esta cuestionable decisión de ‘desprenderse’ de los incómodos servidores de carrera heredados de administraciones anteriores.
Debemos tener claro que, independientemente de nuestra preferencia política, el violar derechos nunca justificará ningún fin. Además, cualquier persona que haya trabajado en la función pública ratificará que el poder es efímero, por lo tanto, no resulta conveniente abusar de él. En este momento, debemos preocuparnos de que el actuar de nuestras autoridades no acarree costosas implicaciones y de que quienes ocupen distintos cargos públicos cumplan con las condiciones y capacidades necesarias para el cargo, más allá del simple beneplácito de quien los nombre.