Las últimas semanas no han sido buenas para la campaña de Andrés Arauz, pues fueron revelados algunos documentos respecto a su vinculación como funcionario, hasta 2020, del Banco Central, aquí les presento algunos elementos a tomar en cuenta al respecto:
Absurdo quienes lo tachan de incoherente por ser funcionario público, son los mismos que creen que el Estado es patrimonio personal de alguien, no es lo mismo trabajar en el Gobierno, que en el sector público. Eso es clientelismo, la carrera administrativa tiene que estar más allá de los gobiernos de turno.
Sumamente irregular que Arauz haya ganado un concurso en octubre 2007 (ya era gobierno de Correa) para un cargo de especialista, que es el rango inmediato inferior a un director, superior a un analista y un asistente, cuando esos puestos requieren entre 3-5 años de experiencia profesional, es decir desde que se obtiene el título y/o maestría.
Los 27.500 dólares cobrados de indemnización se calculan en función al tiempo de vinculación y el cargo, es un derecho y, la compra de la renuncia obligatoria (oxímoron correísta), es básicamente despedirte pero, como no tienen una causal para hacerlo, te obligan a vender tu renuncia.
El art. 31 de la LOSEP determina un máximo de 6 años para ejercer la comisión de servicios, Arauz la ejerció 7 años y 5 meses (aparte de los 3 años de licencia sin sueldo), eso es completamente ilegal, ¿cómo se explica que hayan autorizado eso?
Los jóvenes necesitamos espacios donde probar nuestra valía profesional y formación académica pero, Director General del BCE, no es lo mismo que un cargo de director provincial de algún ministerio con sueldo de 2.200 dólares, es un cargo con grado de Viceministro con sueldo de más de 4.000 a los 24 años, eso no se explica, sino es con influencias. Es un cargo sumamente alto, no solo se necesita capacidad y formación académica, sino experiencia profesional ¿eran suficientes los 3 años de Arauz?
Hay que transformar el servicio público, cimentar las bases de la carrera administrativa, para que no se convierta en botín de reparto de cargos de ningún partido político, a ningún nivel de gobierno.