Nuestro Estado está construido sobre la base de leyes mal interpretadas, caprichos personales y desorientación absoluta de los principios no escritos de la democracia y la ética política.
El Estado queda subyugado al estado de opinión en Twitter, todo parece cuestión de subjetividades conceptuales y no bajo el dominio de la superioridad moral, que hace que todos entendamos en cierta medida el núcleo duro de la democracia.
Dicen que la posesión del Superintendente de Bancos que hizo la Asamblea abre paso, es más, debería, significar la destitución de quienes votaron la posesión. No nos importa poner en riesgo el espíritu democrático reposado en las urnas, perdiendo de vista que las altas cortes internacionales ya han determinado los estándares para destituir a un funcionario de elección popular: dentro de un proceso penal y con sentencia ejecutoriada y por decisión de un juez, que incluso nazca de un delito por corrupción.
Eso no es una invitación a desconocer las decisiones judiciales, porque significaría perder el estado de derecho, reemplazado por el de la especulación; quedando impugnarlas por vías legítimas, constitucionales y legales, no bajo la desacreditación mediática de los jueces, porque lo judicial es el límite de lo político, la discusión se acaba y se anula en las cortes.
Todas las decisiones judiciales deben cumplirse y respetarse, más allá de nuestras preferencias, pero si tenemos que ponderar, para mí no hay duda alguna de que vale más preservar las garantías del ejercicio político y la elección democrática de los asambleístas que la decisión de un juez desubicado o mal intencionado.
Y así mismo, aunque no hay honor en no renunciar a una terna a la que fuiste presentado por la confianza del titular que remite el listado, es más reprochable el uso de la justicia, el chantaje, la amenaza y la intromisión institucional para obligarte a hacerlo. En el país del compadrazgo, del bajo juicio moral y ético no pasa nada, mientras en las democracias plenas significaría la salida y ostracismo del funcionario involucrado, un juicio generalizado de la opinión, electorado y medios de comunicación que presionen a la renuncia del involucrado.