El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Esta iniciativa que surgió del movimiento feminista exige a los gobiernos la despenalización del aborto, a más de la implementación de políticas públicas relacionadas a la educación sexual y reproductiva.
A pesar de las recomendaciones realizadas por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, algunos países de América Latina aún penalizan el aborto, salvo excepciones como la deformación del feto, si la vida de la mujer está en peligro o en casos de violación. Cuba, Uruguay, Guyana y recientemente Argentina son los únicos países latinoamericanos que permiten el aborto por cualquier causa.
En el caso de El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado, cerró cualquier posibilidad de aprobar el aborto y el matrimonio igualitario. En este país, con uno de los índices más altos de violencia y pobreza en todo el continente americano, el aborto es punible por cualquier causa, es decir, el aborto no está permitido ni siquiera en casos de violación o porque la vida de la mujer esté en riesgo.
En Ecuador, el pasado 28 de abril, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El primer artículo está relacionado a las penas privativas de libertad para la persona que abortase. El segundo artículo precisa los motivos en los que el aborto no era punible.
Adicionalmente, la Corte solicitó a la Defensoría del Pueblo la elaboración de un proyecto de ley que garantice el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que han sido víctimas de agresión sexual. La propuesta fue entregada en junio pasado a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.
La despenalización del aborto por violación es un avance en tema de derechos, sin embargo, no es suficiente. Urge que el país despenalice la interrupción del embarazo por cualquier motivo y garantice a las mujeres el derecho de decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.