A discriminación continúa

    Carlos Arellano

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    A mediados de junio de 1997, miembros de la Policía Nacional liderados por Diego Crespo, ex intendente de la Policía del Azuay, interrumpieron en un bar LGBT de la ciudad de Cuenca en el que se desarrollaba la elección de la primera reina gay cuencana. La violenta redada terminó con la detención de decenas de participantes quienes fueron encarcelados en un centro provisional ubicado en la misma ciudad.

    Durante su permanencia en prisión, algunos de los detenidos fueron violentados sexualmente por otros presos con la complicidad de la Policía Nacional. Otros fueron torturados, vejados; sus cabezas fueron sumergidas en inodoros o recibieron descargas eléctricas.

    A raíz de estos acontecimientos, varios colectivos de derechos humanos de distintas ciudades del país enarbolaron la lucha contra la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. En agosto del mismo año, en la ciudad de Quito, se desarrolló la primera marcha de personas pertenecientes a la diversidad sexual.

    El 25 de noviembre de 1997, el entonces Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer inciso del artículo 516 del Código Penal que criminalizaba la homosexualidad.

    Años más tarde, la Asamblea Constituyente de 2008 incluyó en la Constitución la no discriminación por identidad de género, permitió la unión civil de parejas del mismo sexo y reconoció a las familias en sus diversos tipos.

    En el año 2019, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Este hito marcó la cúspide de un vasto proceso que durante años buscó la consagración de una serie de derechos civiles a favor de la comunidad LGBTI.

    A pesar de los logros alcanzados, la Iglesia y sus feligreses acosan a las personas de la diversidad sexual. El más reciente acto de discriminación en contra de un grupo de personas transgénero, se dio en el área externa de la Basílica del Voto Nacional, en Quito. A estas mujeres les impidieron tomarse fotografías alegando el incumplimiento de un código de vestimenta.

    Lo ocurrido últimamente en la Capital es un acto ilegal e inconstitucional. Las personas trans tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano y la Iglesia no está sobre la ley ni la Constitución.