Los acontecimientos aterradores acaecidos en los centros de rehabilitación social, cuyas imágenes espeluznantes han sido expuestas ante la población mundial a través de los medios de comunicación; el espectáculo diario de sicarios asesinando a mansalva en espacios públicos; las guerras entre bandas armadas de los cárteles; militares en las calles tratando de tranquilizar a una horrorizada población; la adopción de una medida extrema como la declaratoria del estado de emergencia, son resultado de acciones irresponsables y premeditadas, de quienes pusieron por delante de la seguridad de los ecuatorianos sus intereses políticos y consignas llegadas del exterior.
Normas constitucionales erráticas; una mediocre Ley de Seguridad Pública y del Estado; el desmantelamiento del sistema de seguridad existente hasta el año 2008; la salida de la Base de Manta, sin el reemplazo de una instalación ecuatoriana; la desnaturalización del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN); la manipulación de los concursos para colocar en la judicatura a personas leales al ‘proyecto político’; el empleo inconstitucional y corrupto de los organismos de inteligencia; la manipulación ideológica de instituciones creadas para la sagrada tarea de proteger los derechos humanos; el invento de crímenes de lesa humanidad; estas y otras atrocidades se encuentran como telón de fondo de la tragedia que experimenta, en la actualidad, el pueblo ecuatoriano.
El presidente Guillermo Lasso ha reconocido un principio fundamental en la gestión política de todos los Estados: la vinculación íntima entre la seguridad y el desarrollo, que se consideran como dos caras de una misma moneda o como dos partes inseparables de una misma ecuación. Es importante recordar que es una responsabilidad del Estado y requiere la participación armónica de todas sus funciones y niveles de gobierno, junto con la sociedad civil organizada. La actual situación de emergencia es por su naturaleza jurídica, temporal. No va a solucionar los problemas de fondo. Es, por lo tanto, indispensable un gran acuerdo nacional para edificar un sistema eficiente de seguridad que permita el desarrollo económico y social en paz del pueblo ecuatoriano.