Wellington Toapanta
Leer 1.480 páginas o 740 hojas consignadas como planes de gobierno por los aspirantes presidenciales al Consejo Nacional Electoral es leer generalidades que, sin disimulo, sostienen el statu quo de una sociedad habituada a sobrevivir con signos de modernidad, enclaustrada en deficiencias económicas y sociales.
Reiterativamente juegan ofertas que afectan a la inseguridad, desempleo, corrupción, déficit energético, inseguridad jurídica, como crisis en educación, salud, vivienda, nutrición, pero austeros en normativas que promuevan ingreso de dinero fresco, inversiones, consecuentes con bienestar.
Casi todos evidencian afectos a la aberrante cultura estatista; intentan emular al dadivoso y dispendioso régimen del 2007 al 2017 que tuvo inusitados ingresos petroleros, pero cesados, para sostenerse, recurrió a una onerosa deuda externa; sus secuelas son corrupción, inseguridad, apagones, desempleo, déficit fiscal, crisis cívica y ética.
Insólito, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana, en sus 91 páginas, prometa declararse en vigilia permanente por la paz, la justicia y la democracia, pero ha vapuleado tales principios y sugiere anticipo de derrota. Pachakutik, en sus 143 páginas, restablece 218 puntos con los que la Conaie pretendió, violentamente, forzar al país en 2022.
Los planes pretenden sostener el imperante statu quo. No existe uno que ampare soluciones efectivas con normatividad correspondiente, desplazando parámetros constitucionales y legales que sostienen inseguridad, narcotráfico, desempleo, crisis de energía, de salud, de educación, de ambiente. No hacerlo devela a las propuestas como espejismos.
Ilusiones, espejismos con los que Ecuador no iniciará ni logrará salir de su crónica crisis, a menos que un candidato, con firmeza, proponga inmediata consulta popular convocante a una Asamblea Constituyente, con reglas que garanticen idoneidad de sus integrantes, para generar normativas consecuentes con desarrollo y bienestar nacional.